Como es ampliamente conocido, los acuerdos con el FMI implican una amenaza a los derechos laborales y una mayor precarización de las condiciones de vida para las personas que viven de su trabajo, especialmente en situaciones de crisis económica como la que estamos atravesando. Si bien no se sabe con precisión la letra chica del acuerdo y de qué forma afectará al conjunto de trabajadores y trabajadoras, es más que evidente que las recientes reformas en materia laboral, previsional y ambientales, importan la receptividad del gobierno a las exigencias empresariales y a la generación de un escenario favorable a los lineamientos trazados por el FMI en vistas al eventual acuerdo.
En lo que respecta a la reforma previsional, la misma es uno de los aspectos que tradicionalmente involucra cualquier acuerdo con el FMI, sea como un punto explícitamente de reforma o encubierto con metas tales como la reducción del gasto público o del déficit fiscal. La reforma previsional iniciada por el actual gobierno nacional comenzó antes de la pandemia del Covid-19, con la suspensión de la fórmula previsional en diciembre del 2019 apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández. Esta situación generó que los aumentos de las jubilaciones durante todo el 2020 fueran decididas “a ojo” mediante decretos, lo que implicó que los mismos fuesen inferiores que los resultantes de aplicar la fórmula previsional antes vigente, la cual tampoco era una maravilla ya que había sido impuesta en el 2017 por el gobierno de Macri en el marco de una dura represión. Corresponde aclarar que el sentido de establecer una fórmula periódica de actualización de las jubilaciones es justamente evitar que las mismas sean arbitrariamente decididas por el gobierno de turno. El hecho de que la fórmula de actualización haya estado suspendida y los aumentos fijados por decreto, permitió al gobierno financiar el gasto público a costa de las necesidades de los jubilados y las jubiladas; financiación que implicó también el subsidio a empresas por parte del Estado durante la pandemia.
Luego de la suspensión de la fórmula jubilatoria durante el 2020, se probó finalmente a comienzos del 2021 una nueva fórmula previsional a la baja que combina la variación de los salarios con el nivel de recaudación de la ANSES. De más está decir que supeditar los derechos laborales y jubilatorios a los niveles de productividad y recaudación es un viejo anhelo flexibilizador que traslada hacia las clases populares los resultados de un sistema económico injusto del cual no tienen ningún control y responsabilidad, haciendo depender sus necesidades y condiciones de vida de los resultados del sistema productivo. Por otro lado, permite al gobierno cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal impuesta por el FMI, al hacer depender, en parte, el valor de los haberes jubilatorios de lo que efectivamente se recaude y no de lo que jubilados y jubiladas necesiten para vivir.
En lo que respecta a las condiciones de trabajo, la alta vulnerabilidad de la clase trabajadora en el difícil contexto de la pandemia, ha despertado propuestas de reformas laborales por parte del sector empresario, que no son más que refritos de las históricas reformas antes presentadas. Un ejemplo de ello es el proyecto denominado “Mochila Argentina”, que es una nueva versión de la reforma laboral que intentó aprobar el gobierno de Macri. Este proyecto plantea una eliminación de la indemnización por despido y la sustitución por un fondo de cese generado a partir de aportes mensuales realizados por el empleador. De esta manera, el trabajador y la trabajadora despedidos seguirán cobrando su salario mensual hasta que consigan un nuevo trabajo o se agote lo acumulado a su nombre en el fondo. El empleador tendrá así facilidades para despedir porque, en definitiva, la indemnización ya la pagó con anticipación en modestas cuotas durante la vigencia de la relación laboral, mientras que trabajadoras y trabajadores deberán buscar rápidamente un nuevo empleo antes de que se agote lo recaudado en el fondo. La finalidad de la indemnización por despido es tratar de desalentar los despidos y no facilitarlos como pretende este proyecto, el cual queda transformado en una especie de prestación por desempleo y no en una sanción para el empleador que despide sin causa.
Si bien el gobierno se ha mostrado poco favorable a este proyecto, lo cierto es que, en el actual contexto de las negociaciones con el FMI, ha debido dar marcha atrás con las normas de emergencia que impedían los despidos y con las que duplicaban las indemnizaciones. En efecto, el nuevo año trajo consigo el vencimiento definitivo de la normativa de emergencia que prohibía los despidos sin causa y la paulatina reducción de la llamada doble indemnización, la cual se irá reduciendo hasta desaparecer completamente a mediados de año. De esta forma, la patronal ha logrado en parte introducir su pretensión de facilitar los despidos, pese a que los motivos por los cuales el gobierno había dictado tales medidas persisten en la actualidad. En relación a esto último, la política del gobierno respecto a la pandemia no es la misma para los trabajadores y las trabajadoras ya que, por un lado, se anuncia que la pandemia no ha finalizado y debemos seguir cuidándonos, y por el otro, se pone fin a las normas de emergencia que impedían los despidos, como si la pandemia ya hubiera terminado.
En donde la contradicción del gobierno sobre la pandemia se vuelve todavía más evidente y totalmente inexplicable, es en lo que respecta a la cobertura de las ART para las trabajadoras y los trabajadores que contraigan la enfermedad del Covid-19. Otro regalo de año nuevo fue el vencimiento también de la normativa que declaraba enfermedad profesional al Covid-19, manteniendo dicho carácter sólo para el personal de salud y fuerzas de seguridad. La contradicción en este caso es totalmente inexplicable. En plena tercera ola de la pandemia, con el aumento de los contagios, las internaciones y de muertes en comparación con los meses anteriores, el gobierno decide dejar sin cobertura a trabajadores y trabajadoras, liberando de responsabilidad a las ART por las consecuencias de la enfermedad. De esta manera, que un trabajador o trabajadora que contraiga la enfermedad por ir a trabajar, pudiendo tener consecuencias permanentes en su salud e incluso la muerte, no es responsabilidad del empleador ni de la ART. A la gravedad de la situación se le suma la derogación de las normas que establecían el aislamiento para los denominados grupos de riesgo, por lo que el grado de exposición de ese sector de trabajadores y trabajadoras se ha incrementado. Se puede decir que el gobierno ha decidido cuidar los intereses de las ART y de la patronal en pleno crecimiento de los contagios, en una muestra más de su permeabilidad a los intereses patronales en vista al acuerdo con el FMI.
Finalmente, en lo que respecta a la cuestión ambiental, los intentos de introducir la megaminería contaminante en Mendoza y en Chubut, como así también la explotación petrolera marítima en la provincia de Buenos Aires, demuestra el nivel de compromiso que tiene el gobierno con los intereses empresariales al punto de poner en grave riesgo ambiental a las personas y a las demás especies, sin considerar las masivas movilizaciones populares en rechazo de tales emprendimientos. Este compromiso a los intereses empresariales es tan profundo, que han intervenido en su apoyo medios considerados “progresistas”, llamando a la militancia oficialista a respaldar ese tipo de proyectos y querer generar una suerte de “debate” sobre las supuestas bondades de un modelo económico extractivista que lleva 500 años de implementación en el continente, cuyos grandes beneficios para los sectores populares son, a corto o largo plazo, inexistentes.
Hemos realizado un breve repaso de las más recientes medidas adoptadas por el gobierno de cara al próximo nuevo acuerdo con el FMI. No hemos querido hacer un análisis exhaustivo de la gravísima situación en la cual se encuentra la clase trabajadora, sino un señalamiento de los puntos más relevantes que muestran el nivel de compromiso y receptividad del gobierno a los intereses empresariales en el actual contexto de un nuevo acuerdo con el FMI, para de esta manera poder comprender los aspectos vulnerados o al menos amenazados por las negociaciones de dicho acuerdo. Esta situación es relevante para la militancia gremial anarquista para incrementar sus recursos, hacer frente a la difícil realidad que nos toca atravesar y dar respuesta a la embestida patronal; en esa dirección resulta necesario conocer las realidades más amenazantes de la actualidad.
La solidaridad, organización y acción directa son el cimiento de la fuerza colectiva para llevar adelante la resistencia popular y la construcción de una realidad social superadora construida sobre la base de principios muy diferentes.
LEO
Extraído del Organización Obrera publicado el 07 de Marzo del 2020 https://organizacion-obrera.fora.com.ar/2022/03/07/los-derechos-laborales-de-cara-al-acuerdo-con-el-fmi/
CRÉDITOS DE LA IMAGEN: OBREROS. 1933. TARSILA DO AMARAL.
